El informe, una iniciativa de la Coalición del Derecho a Saber, una alianza de periodistas y las mayores organizaciones de medios del país, entre ellas la MEAA, encuentra que los medios australianos han estado cada vez más restringidos por un marco legal y normativo que obstaculiza el libre flujo de información. La coalición señala 500 leyes que restringen la libertad para publicar información "secreta", un sistema de acceso a la información con funcionamiento deficiente y leyes antiterrorismo estrictas y amplias.

El informe también destaca la proliferación de órdenes de supresión emitidas por los tribunales, la protección inadecuada de los denunciantes internos y un ejercito creciente de "especialistas en tergiversación" tanto en el sector público como en el privado, que están manejando las noticias cada vez más.

En consecuencia, Reporteros sin Fronteras (RSF) clasificó a Australia en el lugar 28 de 169 países en el índice internacional de libertad de prensa de este años: una caída del lugar número 12 hace cinco años. ARTICLE 19 dice que el retroceso se puede atribuir en su mayor parte a las recientes medidas antiterrorismo, en particular la práctica de intervención telefónica ilegal y la presión a los periodista para que den a conocer sus fuentes.

La MEAA dice que el informe es "el registro más detallado y meticuloso de las dificultades que enfrentan los periodistas en sus esfuerzos cotidianos para obtener información".